Ya se ha prohibido en Alemania, en Bruselas, en Hamburgo, en Colombia e incluso en Corea del Sur, y a pesar de que los usuarios españoles se arriesgan a multas de entre 400 y 600 euros al usar sus servicios, Uber no se da por vencido y acaba de aterrizar en Madrid. La aplicación, que recordemos permite el uso compartido de vehículos, funcionaba hasta ahora solamente en Barcelona, donde la compañía ha ajustado los precios en un 25%.
Así como hace meses el Ministerio de Fomento señaló que todo aquel que promoviese el disfrute de los servicios de esta plataforma podría ser castigado con multas de hasta 18.000 euros por competencia desleal hacia los taxistas, ayer el Gobierno comunicó que mientras Uber preste un servicio de transporte privado y no ejerza una actividad profesional con ánimo de lucro, será legal, puesto que estaría cumpliendo con la normativa vigente. Por tanto, en un principio no habrá ningún problema en la utilización de Uber. En cualquier caso, La Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid ha pedido a la compañía que no empiece su actividad hasta que no demuestre que cumple con la regulación, para lo cual le ha dado un plazo de diez días para que entregue toda la documentación necesaria.
“Estamos entusiasmados de poder ofrecer a Madrid una alternativa fácil, asequible y flexible para moverse por la ciudad y creemos que la capital ha dado un paso adelante para convertirse en un nuevo punto pionero de transporte”, asegura Alex Droulers, el portavoz de Uber. Y es que los propios conductores de la herramienta explican que ellos no pueden recoger personas que estén esperando a un taxi en la calle, porque lo que ofrecen es un servicio privado de vehículo compartido. Esto conlleva que ni tienen licencia ni tenemos seguro en caso de accidente, pero a los usuarios les compensa porque les sale el trayecto mucho más barato.
